2 Abril 2012

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la consumación de daños irreparables a la vida e integridad de los miembros del consejo comunitario de Apartodocito, Curvaradó, MANUEL RUÍZ TORREGLOZA y su hijo SAMIR de 15 años de edad, por paramilitares que operan en Mutatá, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio, entre Antioquia y Chocó, al lado, junto con efectivos de la brigada 17 y la policía de Urabá, apoyando, protegiendo o desarrollando proyectos empresariales dentro de los territorios comunitarios desde 1996, así como por el segundo desplazamiento forzado de la familia RUÍZ.

A pesar de la disposición gubernamental y los avances en definir a través del censo ordenado por la Corte Constitucional para definir las y los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó, y el proceso de caracterización, la continuidad de las operaciones paramilitares en la definición del uso de la propiedad colectiva apoyando sectores empresariales vinculados con la ganadería, la palma, el banano, y la coca, con destrucción ambiental y de ecosistemas, usando del control social, de la amenazas y de la comisión de crímenes evidencian la ausencia de garantías efectivas para la libertad, para la transparencia y la incapacidad de dar respuestas oportunas, preventivas y estructurales para imposibilitar que el factor de poder criminal defina el tipo de devolución de las tierras colectivas.

Seis días de horror, de zozobra con sus estelas de terror que vienen desde 1996, que se cualificaron en los tiempos de la “seguridad democrática“, que se están consolidando en los tiempos de la “prosperidad democrática”, con las muertes violentas de MANUEL y SAMIR, el desplazamiento de su familia, las desapariciones forzadas del año pasado, las escandalosas siembras de coca protegidas por paramilitares con el tráfico de drogas, la continuidad de la siembra de palma y de banano, la ganadería extensiva, y el temor generalizado de los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en los territorios, un alto porcentaje en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y sus 46 amenazados de muerte, demuestran ante ustedes, que nada de lo escrito ha sido mentira, que nunca han adoptado con sus responsabilidades institucionales decisiones de fondo para PREVENIR, PARA PROTEGER LA VIDA E INTEGRIDAD DE ESTAS COMUNIDADES, un celular, un aparato móvil, que sirvió, porque los criminales lo quisieron permitir, para avisar a quienes los tenían y para probar nuevamente, quienes mandan, quienes son el poder, como desde 1996 por eso la negligencia de toda la fuerza del Estado.

Ante ustedes, nuestra Constancia Histórica y Censura Ética sobre los crímenes contra MANUEL y SAMIR, eso sí, claramente, nunca investigados como lo que son, crímenes de lesa humanidad, crímenes con una misma pretensión de imponer un modelo económico, ambiental y social, político y cultural, con unas mismas estructuras ejecutoras, con una misma modalidad de acción.

Ante ustedes la fundamentación fáctica que consignamos en esta Constancia Histórica.

* Sábado 24 de marzo en horas de la mañana familiares de MANUEL RUÍZ y SAMIR se vieron obligados a desplazarse del Consejo Menor de Apartadocito, Curvaradó, hacia el municipio de Mutatá. Familiares se desplazaron ante el temor fundado que los paramilitares cobren venganza por las denuncias por ellos instauradas.

* Lunes 26 de marzo a las 10:00 a.m. y por espacio de siete horas, los consejos comunitarios conformaron un Grupo de Búsqueda de MANUEL y SAMIR, acompañados por observadores internacionales e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. El trayecto recorrido se realizó desde el puente de Río Sucio, en el municipio de Mutatá, Antioquia, sin lograr resultado alguno.

* Martes 27 de marzo a las 4:00 p.m. luego de casi ocho horas una de las comisiones de los consejos comunitarios del Grupo de Búsqueda de MANUEL y SAMIR en la desembocadura del río Pavarandó, en dirección hacia el Curvaradó, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que podría corresponder al de MANUEL, líder de reclamación de predios colectivos, en las coordenadas N 7° 19’ 39’’ y O 76° 37’ 37’’.

La georeferenciación fue entregada de manera inmediata al gobierno nacional para que coordinara inmediatamente el levantamiento e identificación del cadáver.

Hasta las 7:00 p.m. el Grupo de Búsqueda Comunitario, junto con observadores internacionales y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, delimitó el lugar donde encontraron los restos y estuvieron allí hasta esa hora, sin que las autoridades competentes llegaran.

A las 8:30 p.m. el gobierno nacional informó que los miembros de Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, no lograría llegar hasta el lugar donde se encuentran los restos. Informaron que en la mañana del día siguiente se realizaría el operativo de acceso al sitio para proceder al levantamiento del cádaver. Dos horas antes el ejército hizo sobrevuelos del área.

Mientras tanto, la familia de MANUEL y de SAMIR RUIZ, 29 personas, entre las cuales se encuentran 20 niños y 9 adultos, continuaron en condición de desplazamiento en el municipio de Mutatá, sin que el gobierno brindara algún tipo de atención humanitaria.

* Miércoles 28 de marzo hacia las 8:30 a.m. junto con los familiares el Grupo de Búsqueda del Consejo comunitario de Curvaradó, observadores internacionales y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, identificaron los restos de MANUEL RUÍZ, en el lugar que había delimitado el día anterior.

Observando el cuerpo sin vida de MANUEL, con un orificio de bala en el pómulo, su cuerpo maltratado, y con las prendas de vestir y accesorios que usaba el día que fue privado de la libertad por paramilitares.

A eso de las 11:00 a.m. llegó el CTI adelantó en el lugar el levantamiento del cuerpo de MANUEL RUÍZ. Los familiares solicitaron que los restos mortales de MANUEL fueran trasladados hasta Chigorodó.

*Miércoles 28 de marzo aproximadamente a las 8:50 a.m. se informó que otro cuerpo de un joven fue hallado en el sitio conocido como Cañaduzales. Al lugar se desplazaron familiares de MANUEL Y SAMIR RUÍZ, el Grupo Comunitario de Búsqueda, acompañantes internacionales e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

En ese momento se conoció que los restos sin vida podrían ser los de SAMIR RUÍZ, niño de 15 años, desaparecido junto con su padre MANUEL, el viernes 23 de marzo, cuando fueron obligados por paramilitares a bajarse del vehículo en que se transportaban de Mutatá a Apartadocito.

Hacía las 11:00 a.m., el Grupo de Búsqueda de las Comunidades, identificó visualmente el cuerpo sin vida de SAMIR RUÍZ, hijo de MANUEL RUÍZ.

En horas de la tarde la familia autorizó que los restos fueran trasladados a Medicina Legal de Medellín.

* Miércoles 28 de marzo a las 2:46 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, recibió una comunicación de una fuente confidencial, según la cual, la estructura paramilitar que desarrolló el plan de privación de la libertad y asesinato de MANUEL y SAMIR se llama DINAN GOEZ.

Este es uno de los mandos, dice la fuente, sosteniendo además que, GOEZ tiene una estrecha relación con el teniente de la Policía de Mutatá. GOEZ controla financieramente un sector empresarial de transportes. Igualmente señaló que el asesinato de MANUEL y su hijo SAMIR, es para demostrar quien manda en la región, que ni los empresarios ni los paramilitares van a salir de ahí, “negocios son negocios” y los de los consejos comunitarios deben acostumbrarse a vivir con ellos, o irse o morir.

Confirmó la fuente en su versión, que los paramilitares le indicaron a la policía que debían abordar a MANUEL y que ellos se encargarían del resto. Para tal efecto, en los 30 minutos de detención por parte de la policía de MANUEL, ellos movían sus hombres, uno para subirse en el vehículo en el que se transportaba MANUEL y su hijo y otros para esperarlos en el punto conocido como El Basurero.

*Jueves 29 de marzo en horas de la tarde familiares de MANUEL y SAMIR RUÍZ reportaron que continuaron en situación de desplazamiento en el municipio de Mutatá, Antioquia, sin que el gobierno haya brindado atención humanitaria integral.

La personaría de Mutatá aportó un mercado a la familia de 27 desplazados.

Hacia la 1:30 p.m. se tuvo conocimiento a través de la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas que los cuerpos de MANUEL y SAMIR RUÍZ no habían sido trasladados de Chigorodó a Medellín.

*Viernes 30 de marzo aproximadamente a las 10:00 a.m., los cuerpos de MANUEL y SAMIR RUÍZ continuaban en Chigorodó sin ser trasladados. La familia RUÍZ continúa sin la atención que la ley prevé para situaciones de desplazamiento forzado en responsabilidad de Departamento de Prosperidad Social.

En horas de la mañana un grupo de familiares, con acompañamiento nacional e internacional se trasladó hasta la comunidad de Apartadocito, al sector de Piscingos, a la mejora del título colectivo donde ha habitado por más de 27 años la familia RUÍZ.

La familia RUÍZ había regresado hace cerca de 6 años al territorio colectivo en donde habitaron para vincularse a la reclamación colectiva entre ellas su mejora ubicada en las coordenadas N: 7. 17’ 56” O: 76. 36’ 10”.

El lugar de habitación tradicional de la familia RUÍZ está rodeada por una propiedad que es del territorio colectivo de Apartadocito, ocupada ilegalmente mediante trámite fraudulentos por CARLOS RÍOS, FABIAN RÍOS y VÍCTOR RÍOS, para desarrollar negocios de ganadería extensiva.

De acuerdo con información suministrada por pobladores, el pasado 24 de marzo, el INCODER conoció que los RÍOS valiéndose de un título individual de 36 hectáreas ampliaron ilegalmente su propiedad a 2.000, tierras que pertenecen al título colectivo del Curvaradó, consejo comunitario de Apartadocito.

Nuestra Censura Ética ante estos crímenes que podrían haber sido evitados por ustedes, con la implementación de todas sus capacidades institucionales, con la respuesta oportuna, eficaz frente a medidas preventivas y de fondo que se negaron a tomar para evitar daños irreparables a la vida e integridad de MANUEL y de SAMIR.

Nuestra Censura Ética ante su responsabilidad por OMISIÓN, COMISIÓN POR OMISIÓN, pues ustedes conocieron con suficiente tiempo, con suficiente anterioridad de las amenazas que pesaban sobre 38 integrantes de los consejos comunitarios, sus líderes y lideresas, y ninguna medida de fondo adoptaron; respondieron, con una medida que no es medida, un simple celular.

Nuestra Censura Ética ante la respuesta del ejecutivo ante estos crímenes: seguimos adelante, no amedrantarse, ¡!!por Dios!!!! Respuesta mediática pero que no enfrenta el paramilitarismo que se ha tomado la región desde 1996. El mensaje empresarial de bananeros, de palmeros, de ganaderos, de cocaleros y paramilitar es claro. El territorio definido para unos usos por ellos ordenado para agronegocios y operaciones extractivas, no se modifica. Negocios son negocios. Amenazas hechas amenazas cumplidas: “o se unen o se mueren” y no son solo los líderes, con quien estén un niño o niña. Esa no puede ser la respuesta, la invitación a seguir. ¿Con qué garantías? ¿Qué plan concreto implementaron ya, después de 15 años de paramilitarismo con la operación “Septiembre Negro”, que nunca enfrentaron, que no hace parte de la memoria histórica, que nunca ha sido investigada... qué plan concreto?

Nuestra Censura Ética ante seis días que reflejan, otra vez, la evidente complicidad, tolerancia, unidad de acción de la policía de Urabá con el paramilitarismo, como un mismo cuerpo con diversas funciones, o un cuerpo que protege y que proyecta la sombra a él inserta del paramilitarismo; la evidente, pero evidente, connivencia, y la omisión de la brigada 17 asentada en Mutatá, otro epicentro del paramilitarismo y del empresariado vinculado con este o beneficiario del paramilitarismo, que no despierta de la costumbre a estrategias encubiertas.

Nuestra Censura Ética ante la evidente y contra evidente constatación que el gobierno ha obviado, ha fracasado en sus respuestas preventivas, a pesar de solicitudes de organismos humanitarios internacionales, para no referirnos a las víctimas ni a nosotros, desconociendo el carácter de gravedad, de extrema urgencia que generan las amenazas de muerte del empresariado o de sus mensajeros paramilitares, o de los militares de la brigada 17 que confiesan que lo denunciado es una verdad de apuño, pero que solo pueden guardar silencio.

Nuestra Censura Ética ante lo que es parte de ese círculo de terror, los serios límites, la incapacidad de la institucionalidad responsable de promover, de proteger los derechos humanos y territoriales para arriesgarse a denunciar, a proteger a las víctimas, a los ciudadanos con los que interactúan trenzando lazos de cercanía, pero que temen a la hora de las decisiones actuar eficazmente ante la aplastante maquinaria criminal contra las y los reclamantes del territorio colectivo o enfrentar con todas sus posibilidades jurídicas, políticas y de promoción a quienes desde tiempo atrás definieron el uso del territorio como un modelo de reconciliación forzada o unas agroindustrias, unas operaciones extractivas y obras de infraestructura de la exclusión y de la destrucción de ecosistemas y de riqueza biológica.

Nuestra Censura Ética ante mecanismos de búsqueda urgente, aparato para mostrar, pero incapaz de superponerse a prácticas de burocratización para proteger la vida, condición similar, a los mecanismos y los planes de protección, que son un conjunto de perezosos escritos, protocolos de grandilocuencia que no sirven para proteger la vida en situaciones de urgencia, de extrema gravedad. Para los amenazados celulares, y tardanza, ineficacia, nada de fondo, porque no existe voluntad política de enfrentar, de desestructurar el paramilitarismo que carcome la región. Todas y todos los ciudadanos en el bajo Atrato y el eje bananero, lo saben, lo ven, es parte del paisaje, tanto como lo saben, unos y otros funcionarios públicos, es un secreto a voces, como opera el paramilitarismo, quienes son sus mandos altos y medios, quienes son los empresarios que cuentan con sus grupos armados o que se codean con los paramilitares, cómo interactúan con la oficialidad mandos medios de militares y de policías, no hay el mínimo recato. Y resulta más vergonzoso aún, que no se adopte ninguna medida humanitaria de atención, ya sabemos, que menos de protección, ante el desplazamiento de la familia RUÍZ, seis días en que el gobierno no provee asistencia humanitaria a estas 27 personas desplazadas, 16 niños y 11 adultos, realmente esto es una vergüenza.

Nuestra Censura Ética y escribiendo de funcionarios público, por supuesto, que lo sabe el ente investigador, desde hace años, ya casi 20 años, incapaz de esclarecer, incapaz de sancionar… por eso, no hay en derecho REPARACIÓN, si no un remiendo, nada más que eso, una simulación de entrega de tierras para las próximas semanas, nada más que eso, porque no hay justicia, porque brilla impunidad, porque la estructura criminal con sus individuos camina, se moviliza, se sienta con toda tranquilidad en municipios y caseríos, porque ellos, señor Presidente, señores Ministros, Seño Fiscal General de la Nación; Señor Procurador, Señora Contralora, Señor Defensor del Pueblo son el poder real, el poder fáctico, solo posible de ser la autoridad gracias a la fuerza pública y a la impunidad judicial, al control sobre amplios sectores del poder civil, que les asegura su libertad, sus negocios, como desde 1996.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, dada la gravedad, la extrema urgencia, solicitamos respetuosamente, se informe con precisión y se actúe a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de personas y daños irreparables al medio ambiente

1. ¿Cuántas actas y de qué fechas en desarrollo de las reuniones del censo MANUEL RUÍZ manifestó sobre las amenazas de muerte contra él? ¿Cuántas veces informó de manera verbal a funcionarios del gobierno nacional responsables de las labores del censo de las amenazas de muerte de que era objeto? ¿De quién o quiénes provenían las amenazas? ¿Qué hicieron con dicha información?

2. ¿Cuántas veces la Defensoría del Pueblo recibió o tuvo conocimiento de manera oral o por escrito de las amenazas de MANUEL RUÍZ? ¿Conocida esta grave situación que trámite le dieron?

3. Ante los amenazados de muerte en el último año, tal como hemos dejados constancia, MANUEL DENIS BLANDÓN, MELKIS ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, ENRIQUE PETRO, PEDRO CORTÉS, ELIÉCER RAMOS, ELÍAS LÓPEZ de la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro , RAÚL PALACIOS SALAS, SIXTA TULIA PÉREZ, BLANCA REBOLLEDO, LIRÍA ROSA GARCÍA, EDWIN MARTÍNEZ, MARIO CASTAÑO, de la Zona Humanitaria de Caracolí, BENJAMÍN SIERRA, ERASMO SIERRA, MANUELA SANTANA, CRISTÓBAL REYES de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza, LEYDIS TUIRÁN, NOEMI MESA, NANCY SIERRA, SANTANDER NISPERUSA, ALFONSO SAYA, DALIDA SÁNCHEZ, ANDRÉS LANCE, PAOLA LANCE, MIGUEL MERCADO, SILVIO MERCADO, EDGAR DE JESUS RICARDO y ANDRES MEDRANO de la Zona Humanitaria de Caño Manso, NEVYS YANES, LUIS DURANGO, ATANAEL MARTÍNEZ, DAVID RECUERO, WILLIAM PLAZAS, JAMES TOVAR, FRANKLIN YAÑEZ de la Zona Humanitaria el Tesoro, MARIA LIGIA CHAVERRA, EUSTAQUIO POLO, URIEL TUBERQUIA, ADRIANA TUBERQUIA, MIGUEL HOYOS, JOSÉ FRANCISCO ROSARIO, EUCLIDES TREJOS, de la Zona Humanitaria Camelias UBERT ÁLVARADO Cuenca de JIguamiandó, MARTA MARTINEZ del Consejo Menor de Caño Manso y OLIVER BLANCO y sus familias también en riesgo por derivación, y deducción de cómo fue asesinado MANUEL RUÍZ y su hijo SAMIR, que medidas específicas se van a adoptar, más allá de los celulares? Qué respuesta antes las medidas preventivas materiales que se exigen de manera permanente? Frente al desplazamiento de la familia RUÍZ, qué medidas humanitarias se tomaron desde el día 24 de marzo en qué conocieron de su condición de vulneración de derechos? ¿Qué plan se va a implementar con ellas y ellos? ¿Qué medidas de protección se han adoptado y se van a adoptar para asegurar la asistencia humanitaria y la protección debida?

4. ¿Qué agentes policiales detuvieron a MANUEL, el viernes 23 de marzo, en Mutatá? ¿Qué superior jerárquico emitió la orden?

5. ¿Qué actuaciones se han realizado frente DINAN GOEZ? ¿Desde hace seis años se conoce que el llamado “El Cucho” JOSÉ DE JESÚS MOYA ASPRILLA opera con estructuras paramilitares, él mismo se identifica como tal, se conoce que estuvo en la operación contra MANUEL y SAMIR, qué se ha hecho para evitar sus actuaciones criminales?

6. ¿Es conocido que los empresarios VICTOR RÍOS, FABIAN RÍOS, CARLOS RÍOS, a través de trabajadores suyos como el “Viyo“ y Leonel Holguín Suescún , intimidaron, hostigaron, amenazaron a MANUEL RUÍZ, que medidas adoptaron para evitar la consumación de sus amenazas?

7. ¿Qué comunicaciones telefónicas y de otro tipo se realizaron entre las 2:30 p.m. del viernes 23 de marzo y las 9:00 a.m del sábado 24 de marzo desde y con los teléfonos celulares, avanteles, radios de comunicación de la policía, y los personales de los agentes policiales?

8. ¿Qué plan se implementó y con qué resultados concretos para asegurar la vida e integridad personal de MANUEL y SAMIR, luego que a Vicepresidencia fue informada de la privación de la libertad de estos dos integrantes del consejo comunitario de Apartodocito? ¿Qué actuaciones realizó la Comisión de Búsqueda de personas, con qué tiempo y en qué tiempo conocida la noticia criminal?

9. Desde abril de 2010 se ha indicado con precisión las operaciones paramilitares en Curvaradó

10. y Jiguamiandó, los sitios de operación, qué actuaciones de la policía nacional y de las Fuerzas Militares se han implementado? A cargo de quién? Qué nombre tienes las operaciones en Curvaradó y Jiguamiandó? ¿Qué resultados en términos de capturas, y de heridos o muertos, nombres de los neutralizados?

11. Ante la continuidad de uso de la tierra colectiva por ocupantes de mala fe, entre ellos ganaderos, palmeros, bananeros, cocaleros, ¿qué plan de actuación para sanear el territorio existe? ¿En qué tiempo estará saneado el territorio, de manera específica, con lo que sucede en Apartadocito, Caño Manso, Caracolí, Camelias, Caño Claro Andalucia, Cetino, Las Menas, Bella Flor Remacho?

12. ¿Qué investigaciones adelanta la Controlaría General de la Nación respecto a los empréstitos públicos con los que se financiaron las siembra de palma en más de 6000 hectáreas del territorio colectivo de Curvaradó?

Con profunda preocupación e indignación, dolor profundo ante tanta ineficacia, mentira e ignominia,


JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: + 571 596 0631

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

RODRIGO RIVERA
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
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GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
Fax. 57 1 2221874 ministro@minjusticia.gov.co

VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Fax. 570 20 00 contacto@fiscalia.gov.co denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax. 640 04 91 defensoria@defensoria.org.co secretaria_privada@hotmail.com

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupcion@presidencia.gov.co reygon@procuraduría.gov.co

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Autor: 
Justicia y Paz

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