20 Octubre 2011

Se cumplen 10 días desde que paramilitares que operan en el puerto de Turbo en Antioquia y el municipio de Ríosucio ordenaran a transportadores fluviales abstenerse de ingresar alimentos a los pobladores afrocolombianos e indígenas de Cacarica.

Los paramilitares señalaron que quien quiera ingresar alimentos debe presentarse personalmente en Turbo y no se acepta el ingreso de alimentos por encargo.

Igualmente a los transportadores les están vacunando exigiendo que se entreguen entre 40 y 60 galones de gasolina para poder movilizarse por el rio Atrato entre Turbo y Cacarica. Anunciaron que ingresaran a los territorios colectivos de Cacarica por que la población esta con la guerrilla y ellos deben asegurar el desarrollo y el progreso.

Paramilitares han retenido a integrantes de los consejos comunitarios asociados en CAVIDA sobre el rio Atrato, donde les han intimidado y amenazado, hace pocos días.

La propuesta de organización CAVIDA para la protección de la vida y el territorio, que constituyeron Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad desde el 2001, luego de una incursión armada realizada con el consentimiento de la brigada 17, se encuentra como blanco de las nuevas amenazas

Sobre el rio Atrato en los puntos de Tumarado, La Honda, Travesía, los paramilitares instalaron puestos de control de la población que se moviliza por el Atrato e igualmente revisan el ingreso de bienes de supervivencia (alimentos), y los retienen, señalaron algunos afrocolombianos.

Mientras las fuerzas militares argumentan que hay control sobre el rio Atrato a través del batallón fluvial, los paramilitares están haciendo y deshaciendo, como se explica, se pregunto uno de loa afrocolombianos.

El anuncio de incursión a Cacarica y las amenazas de agresiones contra los que habitan las Zona Humanitarias, integrantes de los consejos comunitarios de Cacarica asociados en CAVIDA, con estas acciones son un presagio muy negativo, anoto una lideresa.

Como en 1996 antes de la operación “génesis”, estamos viviendo el mismo bloqueo y repitiendo la limitación en nuestros derechos, ahora justo, cuando estamos a la espera que la Corte Interamericana de Derecho Humanos aborde el caso del asesinato de Marino López y el desplazamiento por esta actuación de la brigada 17.

Las actuaciones paramilitares están coincidiendo con la pretensión de la empresa privada del grupo de William Vélez Sierra, de iniciar un proceso de consulta sobre la construcción de un tramo de la carretera panamericana que afectará étnico territorial y ambientalmente a Cacarica.

Bogotá, D.C 20 de octubre de 2011, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 


Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el desarrollo de estrategias contrainsurgentes de tipo paramilitar dirigidas contra la población afrocolombiana de Cacarica asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Bogotá, D.C. octubre 13 de 2011

 

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
FRANK PEARL
Ministro de Ambiente

 

Desde hace meses se ha ido consolidando el desarrollo del control social territorial en el rio Atrato y los afluentes, en sus entradas en los puntos conocidos como Travesía (Puente América), La Honda y puntos sobre el Atrato como Tumarado y Ríosucio. Ninguna acción eficaz se ha realizado a pesar que el batallón Fluvial indica en informes oficiales que tiene el control del Atrato. Como en el pasado el sitio de control paramilitar en Tumaradó se mantiene, desdoblado en dos puntos más sobre el territorio de Cacarica, en Travesía y La Honda. En estos tres lugares los pobladores son sometidos a controles, a restricciones, y a obligaciones tributarias, a amenazas, hostigamientos y señalamientos.

En desarrollo de esta fase se vienen implementado el control sobre bienes y personas, asentamientos de control sobre el rio Atrato o dentro del territorio colectivo de Cacarica, retenciones, en una de las cuales ocurrió la desaparición forzada de JHON JAIRO PALACIOS, el saqueo y destrucción de bienes de supervivencia, el cobro de vacunas para la autorización en la circulación.

Las operaciones paramilitares de control coinciden con el punto de Travesía (Puente América) donde se aprobó la concesión al emporio empresarial de WILLIAM VELEZ SIERRA, para la construcción de la primera fase del proyecto de la Transversal de la Américas, que termina con un puente en este lugar.

Al tiempo estos anunciaron que sus operaciones contra la población pretenden asegurar las condiciones para el progreso y el desarrollo que sacará de la pobreza a los afrocolombianos e indígenas, y proteger de las acciones guerrilleras.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de esta Constancia Histórica

*Miércoles 5 de octubre hacia las 11:30 p.m, diez militares de la brigada 17 ingresaron a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, desconociendo el carácter de lugar humanitario y de propiedad privada.

*Jueves 6 de octubre hacia las 10:30 a.m. entre las bocas de Yarumal y La Larga sobre los límites del territorio colectivo de Cacarica, cuatro paramilitares con armas cortas y largas, vestidos de civil que se movilizaban en una embarcación tipo panga, interceptaron dos botes de madera en los que se movilizaban ocho miembros de CAVIDA hacia el casco urbano del municipio de Ríosucio.

Uno de los armados les interrogó preguntando por su identidad, si cruzaron por el puesto de control en La Honda, y el tiempo de permanencia en Ríosucio. Mientras tanto, otro paramilitar se comunicó por radio diciendo “estos son campesinos”, “en un bote van tres personas y en otro cinco”.

Mientras los paramilitares realizaban el interrogatorio estos divisaron una panga con bandera, al parecer de Naciones Unidas, aguas arriba por el Atrato en dirección a Ríosucio, que les llevó a ocultarse. Inmediatamente, los paramilitares autorizaron a los afrodescendientes proseguir su navegación al municipio de Ríosucio, departamento de Choco. Minutos después en el caserío de la Larga, otro armado de civil, les apuntó con un arma corta y les ordenó transportar una mujer hasta el municipio de Ríosucio. Al llegar a este lugar la mujer desembarcó.

* Lunes 10 de octubre durante varias horas del día pobladores de Cacarica, transeúntes en Turbo, fueron abordados por paramilitares que les manifestaron la orden que era prohibido transportar alimentos hacia el territorio colectivo. Indicaron que el ingreso de alimentos solamente sería permitido si el cabeza de familia se presenta en Turbo.

Acusaron a quien no cumpliera con la medida de ser guerrillero. “Quién quiera mercar, tiene que salir personalmente a Turbo a hacer sus compras, el que no salga es porque colabora con la guerrilla”. Ese mismo día, la orden se dio a conocer a quienes se transportaron por el Atrato en el retén permanente en Tumaradó, La Honda y el que eventualmente ubican en un punto de Travesía.

Hasta la fecha se mantiene el bloqueo económico y la restricción a afrocolombianos e indígenas.

Desde ese día los paramilitares reactivaron el cobro de una vacuna, entre 30 y 60 galones de gasolina, a las embarcaciones que se movilizan de Turbo hasta Cacarica.

En la comunidad de La Honda, a orillas del río Atrato, territorio colectivo de Cacarica, los paramilitares han decomisado mercados y en Travesía, llamado ahora Puente América, han prohibido el ingreso de alimentos argumentado que son para la guerrilla.

Los paramilitares aseguraron que están para proteger a la población de la guerrilla y acabar con la pobreza. Aseveraron que están para asegurar el desarrollo y el progreso que algunos quieren impedir.

*Jueves 20 de octubre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información que confirma le denunciada por habitantes de la región hace unas semanas. Según la fuente los paramilitares están pretendiendo incursionar a las Zonas Humanitarias de Cacarica.

De acuerdo con la información la operación pretende silenciar a la población porque la organización de CAVIDA denuncia y eso es un problema, se oponen al desarrollo y es otro problema. Afirmó que la brigada 17 tiene conocimiento de los planes, mientras ellos se van a ocupar de la guerrilla en la frontera, los paramilitares se encargan de los ríos y de la parte media de los territorios donde habitan las comunidades negras en las Zonas Humanitarias y de una parte alta donde habitan indígenas en los Resguardos.

Nuestra Censura Ética ante la planeación y ejecución inicial de la fase de control social territorial a través de la estrategia paramilitar sobre el Atrato en donde las fuerzas militares argumentan tener control en los puntos conocidos como Tumarado, La Larga, La Honda y La Larga sobre el Cacarica.

Las actuaciones paramilitares ya están significando violaciones de derechos humanos, negación del derecho a la alimentación, a la libre circulación, entre otros, generando temor y zozobra, y expresan la simultaneidad para actuar en espacios urbanos de presencia militar y policial como Turbo y Riosucio, y no solo sobre parajes del Atrato.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces de protección frente los anuncios y las advertencias de incursiones paramilitares en Cacarica, la omisión ante sus actuaciones en los cascos urbanos de los municipios de Turbo y de Ríosucio por parte de la fuerza pública; la ausencia de mecanismos concretos de respuesta inmediata ante las operaciones paramilitares por parte del ejecutivo; la ausencia de respuestas monitoreadas a las demandas de protección.

Nuestra Censura Ética a lo que se convierte en un factor de riesgo y de vulnerabilidad de las comunidades para la realización de una Consulta Previa, en conformidad con el artículo 169 de la OIT. Las operaciones paramilitares consentidas o frente a las cuales hay omisión de la brigada 17, y el conflicto armado que vive la región, es un factor de riesgo y de condicionamiento a las comunidades para pronunciarse sobre la construcción de la carretera Panamericana en sus territorios, pues estas estructuras armados han reiterado en diversas ocasiones, que están allí para asegurar el “progreso y el desarrollo”, y sus operaciones coinciden con los lugares donde debe atravesar esta obra de infraestructura.

La consulta que se pretende adelantar, después de que el gobierno de URIBE, entregó una concesión a un consorcio liderado por el empresario WILLIAM VELEZ SIERRA, uno de sus más estrechos colaboradores económicos, sin que se adelantara un estudio de impacto ambiental ni social ni con información ni conocimiento mucho menos con consentimiento de las comunidades, insistimos, se pretende adelantar hoy en medio del impresionante poderío paramilitar, que en el pasado permitió y protegió las operaciones empresariales de Maderas del Darién Pizano S.A con daños forestales y de fuentes de agua incalculables e inenarrables, y permitió la proyección del programa PASO a través de la empresa MULTIFRUITS LTDA y de familias Guardabosques.

La concesión otorga a la empresa la posibilidad, con exclusividad, de montar centros hoteleros, restaurantes, y demás servicios en territorio colectivo de las comunidades negras, desconociendo los derechos ancestrales, reconocidos por la ley 70 y el hecho de que se limita con el Parque Nacional de los Katios, patrimonio biológico de la humanidad.

Ante los riesgos que sufre esta población afrodescendiente e indígena, y quienes habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, urge la adopción preventiva y estructural frente al paramilitarismo con medidas eficaces políticas, materiales y estratégicas en conformidad con las medidas cautelares de estas comunidades resueltas por la Comisión interamericana desde el 17 de diciembre de 1997.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional respetuosamente solicitamos se de respuesta concreta y por escrito a las siguientes preguntas, teniendo en cuenta, sus responsabilidades institucionales

1. ¿En relación con los hechos arriba enunciados en el que se realizaron operaciones paramilitares en que lugares se realizaban patrullajes militares del batallón fluvial?

2. ¿Durante los días del 8 al 20 de octubre cuantos efectivos policiales y militares se encuentran en el lugar de desembarque de Ríosucio y de Turbo? ¿Observaron la presencia de efectivos paramilitares? Hubo algún tipo de acción?

3. Respecto a la presencia de grupos irregulares, Bacrim o paramilitares, en los cascos urbanos de Turbo y Ríosucio que tienen incidencia sobre las áreas rurales de Cacarica, qué actuaciones y logros se obtuvieron en la represión a estos grupos?

4. Frente a la presencia paramilitar en Tumaradó, en Travesía, La Honda y La Larga qué medidas se van adoptar de manera inmediata?

5. Respecto a la concesión de construcción de la Transversal de las Américas entre Leoncito y Puente América o Travesía, porqué se otorga a la empresa la facultad de operar con establecimientos turísticos, etc en los territorios colectivos?

6. En tanto la obra de infraestructura afecta ecosistemas protegidos, comunidades negras y al Parque Nacional de los Katios afectando estructuralmente estas áreas especialmente sensibles por qué se adjudicó sin que se conozca públicamente los impactos ambientales y sociales?

7. Respecto a las operaciones paramilitares que coincidieron con las operaciones extractivas de la empresa Maderas del Darién Pizano S.A qué investigaciones por delitos ambientales, concierto para delinquir agravado se han adelantado? ¿Cuál es el Estado de las investigaciones?

8. En relación con las operaciones paramilitares y el proyecto empresarial MULTIFRUITS LTDA, qué investigaciones existen, cuál es el estado de las mismas, que agentes estatales, políticos o gubernamentales han sido vinculados? Algunos paramilitares o narcotraficantes extraditados en las cárceles de los Estados Unidos han sido indagados? ¿Por qué no?

Con profunda preocupación,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

Autor: 
Justicia y Paz

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