La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es un organismo de defensa de los derechos humanos inspirada en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en los derechos de los pueblos con el fin de defender a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del terrorismo de Estado en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Justicia y Paz brinda acompañamiento a 14 procesos de resistencia civil de comunidades afro-colombianas, indígenas y campesinas, a nivel nacional así a como algunas organizaciones sociales de base


Justicia y Paz nació en el mes de abril de 2002, de la escisión al interior de la antigua Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz que existía como tal desde 1998 y que fue disuelta en 2002. Esta última estaba relacionada con las estructuras oficiales de la Iglesia católica colombiana, mientras que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es independiente de toda estructura de la Iglesia. Sin embargo, está compuesta a la vez de religiosos y creyentes de diferentes confesiones religiosas, así como de no creyentes provenientes de diferentes sectores de la izquierda colombiana y de diversos sectores profesionales.


La posición política adoptada por Justicia y Paz denuncia activamente la responsabilidad intelectual y material del Estado colombiano en la implementación de la estrategia paramilitar, así como la utilización de dicha estrategia militar irregular para reprimir y desplazar a los campesinos pobres con el fin de permitir que la oligarquía nacional se apropie de las tierras y las riquezas naturales del país. En este sentido, Justicia y Paz denuncia el modelo de sociedad que el Estado colombiano busca imponer a sangre y fuego en complicidad con ciertos intereses extranjeros. De esta manera, Justicia y Paz sostiene que el conflicto armado interno existente en Colombia está relacionado con la existencia de conflicto social provocado por una sociedad estructuralmente injusta y antidemocrática, que empobrece y desposee cada día a millones de colombianos. Por esta razón, esta organización cree que la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto social, político y armado que afecta el país, debe pasar por la construcción de alternativas concretas a las causas sociopolíticas y económicas de la guerra; alternativas que desarrollen las comunidades y las organizaciones sociales de base a través de la resistencia civil y la afirmación integral de sus derechos en medio del conflicto armado.
En ese sentido, Justicia y Paz ha desarrollado una metodología de trabajo con las comunidades, llamada “acompañamiento integral”, que puede ser dividida en tres grandes estrategias que se complementan entre sí:


1)El "trabajo de terreno" permanente:
La presencia física de sus equipos de terreno hace parte de los mecanismos de protección de las comunidades, pero su objetivo principal es efectuar un trabajo de educación popular, de empoderamiento y de “fortalecimiento organizacional” en las comunidades que se encuentran en resistencia civil.

2)Las estrategias político -jurídicas:
Éstas consisten en una serie de acciones jurídicas basadas en el derecho nacional e internacional e implementadas por el equipo de abogados de justicia y paz, con el fin de buscar justicia frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado colombiano contra las comunidades, pero igualmente para hacer respetar y defender los derechos políticos, económicos sociales y culturales de estas últimas.

3)Las estrategias político-simbólicas
Finalmente, las estrategias político-simbólicas que buscan aumentar la difusión de los procesos de resistencia civil de las comunidades, con el fin de favorecer su protección aumentando la presión ejercida sobre el gobierno colombiano, entre otras por medio de la creación de zonas humanitarias, como mecanismo de distinción de la población civil que vive al interior de un conflicto armado y a través de la consolidación de la red de apoyo internacional.