16 février 2009

Publicado en La Piedra No 5,

Con la apertura de la Penitenciaria de Alta Seguridad en Valledupar en 1999 se inaugura en Colombia un nuevo periodo de la administración penitenciaria, un nuevo modelo implementado con la asesoría del buro federal de prisiones de los E.U, busca “retomar el control” de las cárceles colombianas a través de darle la prioridad al aspecto de la seguridad al interior de las prisiones.

Es así como la seguridad y no la resocialización, es el aspecto fundamental en el diseño y desarrollo de estos establecimientos, contrariando de entrada la misma ley colombiana; cambios desarrollados dentro del llamado “plan Colombia”, donde se pone a las cárceles y al mismo INPEC como un componente más de la concepción de lucha contrainsurgente que se profundizará con la aplicación del mencionado plan.

Cambia por tanto el perfil y la extracción del Cuerpo de Custodia y vigilancia del INPEC, se especializa en lucha de contraguerrilla e inteligencia, convirtiéndose, ahora en parte del conflicto como actores activos del mismo, se busca su privatización con empresas de seguridad privadas las cuales están en su mayoría al servicio del narcoparamilitarismo legalizado (ver caso de Juan Felipe Sierra dueño de Control Total compañía de Seguridad Privada en Envigado con 1.200 hombres y 350 armas amparadas).

De igual forma los centros de reclusión son ahora centros de aislamiento, en donde se introducen mecanismos de “disciplina del cuerpo” a través del aislamiento social y familiar del interno, lo que en sí busca es meramente el “domesticarlo” sobre la vía de la imposición, con base en lo que en otras cárceles bajo asesoría y supervisión norteamericana como Guantánamo, Abù Graibh ó kabul han desarrollado y refinado como “la tortura seca”. Entre tanto se reconoce el fracaso del Estado para “resocializar” al infractor de la ley penal, en un Estado en que los valores son el engaño, el cinismo, la soberbia, etc.

Este accionar implica múltiples acciones encaminadas a anular al individuo, su autonomía, sus deseos y convertirlo en verdadero ente incapaz de autodeterminarse. Para ello es necesario la violación de varios derechos fundamentales, en abierto desconocimiento de que el modelo carcelario debía aplicarse en un Estado Social de Derecho, la formalidad en la cual nos movemos desde la constitución del 91, que busca y pone al centro del desarrollo toda la actividad del Estado al individuo y busca su bienestar; de ahí los centenares de tutelas instauradas por los internos para hacer valer sus derechos vulnerados, en especial la dignidad y la presunción de inocencia, frente al modelo.

Como lo habíamos mencionado anteriormente los aparentes éxitos del nuevo modelo penitenciario (nueva cultura Penitenciaria según el INPEC ) están dados fundamentalmente, por el tema de seguridad, el cual a nuestro juicio no esta dado por el modelo en sí, si no porque se viene aplicando dentro de una coyuntura favorable dada por las ilusiones o aspiraciones del grueso de la población carcelaria a mantener una convivencia pacifica de cara a acceder a beneficios consagrados por la entrada en vigencia de la ley 906/04 y la 975/05, las cuales generan exageradas expectativas de rebajas y beneficios que prontamente aterrizaron en las crudas realidades.

Combita, Penitenciaria inaugurada en el año 2003 en el Departamento de Boyacá, ha demostrado que si no es por dinámicas internas de convivencia, la guardia y el establecimiento no garantizan la seguridad de nadie. El verdadero rasero del éxito de un modelo está en la no reincidencia en el delito de quienes hayan sido tratados o “procesados” por el sistema carcelario, como parámetro de eficiencia y eficacia del modelo, sin embargo las cifras demuestran lo contrario, y si ello era así en el modelo en que “la resocialización” era el centro del tratamiento penitenciario, esto se agravará a medida en que el nuevo modelo penitenciario se estandarice a nivel nacional.

Un modelo que lo primero que hace es separar al interno de su núcleo familiar y que a mediano plazo lo deja completamente solo, que no trabaja por la resocialización o reinserción social del individuo, que agrede constantemente y vulnera la dignidad del ser humano a través de medidas premeditadas y sistemáticas, no es más sino una olla a presión donde bullen a fuego lento la desesperación, el rencor, la soledad, etc. y que apenas puede ayudar a administrar “el problema” pero no contribuye en lo más mínimo a resolverlo. No logra que todos los recursos públicos invertidos durante los días, meses y años de permanencia de un ser humano en el sistema, puedan servir para insertar nuevamente al individuo a la sociedad, como muestra de éxito de esa sociedad al “reeducar” al individuo, pero en el nuevo modelo vemos todos esos recursos malgastados al devolver a un mero objeto aislado y resentido con la misma sociedad.

El sistema penitenciario debe cambiar al hombre, pero tal vez debe cambiar también esa sociedad, para asegurar posibilidades reales de inclusión del individuo y permitir - de verdad – la resolución definitiva del problema.

Para finalizar podemos decir sin temor a equivocarnos que el nuevo modelo además de ser inconstitucional e ilegal, en términos de economía social, no resuelve el problema de fondo; Es más lo exacerba y solo lo tramita a un muy alto costo financiero, social y humano.

Gustavo Mendoza López

Exdetenido politico

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PASC

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